Las nuevas concepciones de la infancia y la adolescencia que se consolidaron legislativamente a principios del siglo XX promovieron un estado de "excepcionalidad" para quienes aún no alcanzaban, según los nuevos parámetros, la madurez emocional y cognitiva propia de la adultez. Fue esta concepción de la infancia/ adolescencia como una etapa biográfica de inmadurez transitoria la que inspiró la ley 10.903, o la ley Agote (1919), y la ley 11.179 (1921) que instituyeron por primera vez en la Argentina un régimen tutelar y penal especial para los menores de dieciocho años. 

 El régimen de excepcionalidad legal estableció dos instituciones básicas que regulaban la situación de los menores de edad. Por un lado, el patronato o tutela judicial de los niños y jóvenes desamparados o abandonados y, por otro, la inimputabilidad penal para los menores de catorce años y regímenes especiales para los menores de dieciocho años. De esta manera, la concepción del estado de inmadurez transitoria de los niños y adolescentes promovía la despenalización (o penalización amenguada) de sus transgresiones. 

En realidad, la legislación tendía a colapsar en una misma figura, la de la "situación irregular", al menor transgresor con aquel que se encontraba desamparado o en situación de "riesgo material o moral", para utilizar la metáfora de la época. En concreto se consideraba que la transgresión era  finalmente un síntoma de  la  condición  psicológica,